Dubai Telegraph - ¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?

¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?

En la madrugada del 3 de enero de 2026 aviones de combate estadounidenses irrumpieron en Caracas. La operación, bautizada Resolución Absoluta, terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Dos días después, el presidente depuesto se declaraba inocente ante un tribunal federal en Nueva York, acusado de narcotráfico y conspiración. Mientras tanto, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumía el poder interino, pero sin garantías de elecciones inmediatas. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno dirigiría Venezuela «hasta que podamos hacer una transición adecuada», sugiriendo un tutelaje de la industria petrolera venezolana y despertando dudas sobre la legalidad internacional de la intervención. Las potencias regionales protestaron, y la captura de Maduro se convirtió en un terremoto que reverberó en La Habana y Managua.

En La Habana el efecto fue casi inmediato. Cuba vive la peor crisis económica en décadas: el peso perdió más del 10 % de su valor en tres semanas y las colas para conseguir combustible se alargan en una isla castigada por apagones de hasta doce horas. La falta de petróleo venezolano y mexicano —bloqueado por las nuevas sanciones de Washington— dejó a las gasolineras sin reservas. Los cubanos soportan precios de alimentos y transporte por las nubes, largas filas para comprar pan y un racionamiento de combustible que obliga a muchos a pagar en dólares, una moneda inaccesible para la mayoría. Aunque las penurias han desencadenado protestas esporádicas, la represión y el exilio de hasta dos millones de personas desde la pandemia han desarticulado cualquier oposición organizada. Según organismos de derechos humanos, en 2025 había al menos 203 personas detenidas arbitrariamente y cerca de 700 presos políticos en la isla. Las detenciones masivas, los juicios sin garantías y la vigilancia sobre las familias de los presos forman parte de un patrón de intimidación estatal.

La Nicaragua de Daniel Ortega sigue una deriva parecida. Desde las protestas de abril de 2018, que dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen ha reprimido sistemáticamente la disidencia. En 2023 expulsó a 222 presos políticos y les retiró la nacionalidad; cientos más perdieron su ciudadanía y sus bienes por decreto. Al menos 81 críticos permanecían encarcelados a finales de 2023, acusados de «menoscabar la integridad nacional», muchos en condiciones inhumanas. La persecución no se limita a la oposición secular: el obispo Rolando Álvarez recibió una condena de 26 años de prisión y fue incomunicado, y las cuentas bancarias de varias diócesis fueron congeladas. Desde 2018 el gobierno ha clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, confiscaron universidades y medios de comunicación y obligaron a exiliarse a centenares de periodistas.

En agosto de 2024 el Parlamento nicaragüense canceló de un plumazo 1.500 organizaciones sin ánimo de lucro, incluida la Cruz Roja, elevando a más de 5.200 el número de asociaciones cerradas desde 2018. Un mes después, 135 presos políticos fueron liberados y expulsados del país, mientras siete sacerdotes fueron enviados al Vaticano. En noviembre el oficialismo aprobó una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y designa a Rosario Murillo como «copresidenta», consolidando la concentración del poder. La reforma también autoriza despojar de ciudadanía a quien el Ejecutivo considere traidor. Las autoridades, además, ampliaron la ley de ciberdelitos para penalizar publicaciones en redes sociales y aprobaron normas que permiten perseguir y confiscar bienes de opositores que residen en el extranjero.

Este clima de persecución ha empujado a miles de nicaragüenses al exilio. En 2018, unos 40 000 huyeron a Costa Rica; las oleadas se han multiplicado desde entonces, alimentadas por la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y el cerco a la Iglesia católica. En febrero de 2023 el gobierno quitó la nacionalidad a 222 presos excarcelados y, días después, privó de ciudadanía a otros 94 opositores, entre ellos destacados escritores y religiosos. La Organización de las Naciones Unidas denunció que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 se despojó de la nacionalidad a 452 personas y que el régimen extendió sus amenazas al extranjero mediante vigilancia digital y castigos contra familiares de exiliados. En diciembre de 2024 el oficialismo prohibió el ingreso de periodistas y activistas; esa misma política se ha traducido en investigaciones por «lavado de dinero» contra congregaciones religiosas y el cierre de la universidad jesuita UCA.

El fantasma venezolano
La crisis venezolana es el ejemplo que más temen los nicaragüenses. En el primer semestre de 2024, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales plagadas de irregularidades en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con poco más del 51 % de los votos, sin entregar las actas de votación ni permitir auditorías. Organismos internacionales y centros de observación consideraron que el opositor Edmundo González había obtenido la mayoría, pero el régimen emitió una orden de detención contra él y forzó su exilio. Antes de la votación, el gobierno lanzó el plan «Furia Bolivariana» y detuvo a decenas de militares, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos bajo acusaciones de conspiración.

La represión ha ido acompañada de un colapso económico. Alrededor de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional sin acceso a alimentos ni medicinas esenciales. Más de ocho millones han abandonado el país desde 2014, lo que ha generado la mayor crisis de desplazamiento del hemisferio. Colombia alberga a 2,8 millones de migrantes, Perú a 1,6 millones y otros cientos de miles han cruzado la peligrosa selva del Darién. La hiperinflación, la corrupción y la dependencia del petróleo han destruido la economía. Las remesas y la explotación informal de oro han sido la principal fuente de supervivencia de muchas familias.

La captura de Maduro en enero de 2026 abre un nuevo capítulo incierto. Muchos venezolanos celebraron la noticia, pero expertos advierten que la destitución del líder no garantiza un cambio democrático. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora dirige el país, formó parte del núcleo autoritario y enfrenta sanciones internacionales. La posibilidad de que Estados Unidos supervise la transición genera preocupación tanto en la región como entre organizaciones internacionales, que cuestionan la legalidad de la operación y temen que el conflicto se prolongue.

¿Puede Nicaragua terminar como Cuba o Venezuela?
Existen paralelismos evidentes entre los tres países. En Nicaragua, como en Venezuela y Cuba, el poder se concentra en un núcleo familiar que controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; las reformas constitucionales eliminan los contrapesos y prolongan los mandatos. Las detenciones arbitrarias, la represión de protestas y la criminalización de la libertad de expresión son patrones comunes. La cancelación de organizaciones civiles, la expropiación de bienes y la retirada de ciudadanía recuerdan a las políticas de La Habana que, desde 2021, han encarcelado a centenares de manifestantes y mantienen a casi 700 presos políticos.

También hay diferencias. A pesar de la represión, la economía nicaragüense creció un 3,9 % en el primer semestre de 2025 gracias a remesas y a la estabilidad macroeconómica, y se proyecta un crecimiento del 3,4 % en 2026. La inflación está controlada y la deuda pública ha disminuido. En cambio, la economía venezolana se contrajo más del 75 % desde 2013 y la cubana enfrenta un desabastecimiento crónico. Las sanciones internacionales contra la minería de oro nicaragüense y la congelación de préstamos extranjeros podrían, no obstante, socavar esta relativa estabilidad.

El régimen de Ortega parece seguir aprendiendo del manual cubano y venezolano: utiliza la represión, la propaganda y el despojo de ciudadanía para consolidar su poder. El cierre masivo de ONG y universidades ha dejado a la sociedad civil sin capacidad de organización. La información oficial se reduce a los monólogos diarios de Rosario Murillo, mientras los datos sobre pobreza, salud o educación se ocultan o manipulan.

Sin embargo, el desenlace no está escrito. La captura de Maduro demuestra que las autocracias no son invulnerables y que la región vive un momento de gran volatilidad. Nicaragua mantiene vínculos económicos con Estados Unidos y Europa que podrían erosionarse si el gobierno insiste en convertir al país en un Estado paria. La experiencia cubana también muestra que una economía asediada por sanciones y una población empobrecida pueden perdurar durante décadas a costa de un éxodo masivo y la represión constante.

El futuro de Nicaragua dependerá de la capacidad del régimen para adaptarse a un entorno regional cambiante y de la presión interna y externa por restaurar la democracia. Las lecciones de Cuba y Venezuela son claras: la concentración de poder, la persecución de la disidencia y el aislamiento internacional llevan a la estagnación económica, al deterioro de las condiciones de vida y a la emigración masiva. Ortega puede temblar ante ese espejo, pero aún tiene la posibilidad de evitar que Nicaragua se convierta en la próxima Cuba o Venezuela.

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Ultimátum de Trump y crédito

La inesperada advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a Irán —darle 48 horas para reabrir completamente el estrecho de Hormuz o enfrentarse a la destrucción de sus plantas de energía— ha dejado al mundo en vilo. El estrecho de Hormuz es un paso marítimo estrecho entre Irán y Omán por donde circula en torno al 20 % del petróleo y gas natural licuado que consume el planeta. Durante la actual guerra entre Washington y Teherán, esta vía se ha cerrado prácticamente, con más del 90 % del crudo y derivados retenidos en la región del Golfo. La amenaza de Trump de “aniquilar” las centrales eléctricas iraníes si no se restablece el tráfico en 48 horas llevó la tensión a un nivel sin precedentes.En la Casa Blanca, la explicación oficial es que Washington pretende restaurar la libertad de navegación y contener una escalada que ya ha provocado cientos de víctimas en varios países de Oriente Próximo. Sin embargo, observadores internacionales señalan que un ataque a infraestructuras energéticas civiles podría constituir un crimen de guerra y que la retórica belicista no deja espacio para la diplomacia. Aliados regionales, como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, respaldan la dureza de Trump mientras evitan confirmar si se unirán a la eventual operación.El estrecho de Hormuz: arteria vital bajo amenazaEl estrecho de Hormuz ha sido históricamente un punto de estrangulamiento. Nunca antes había sido bloqueado por completo, y su cierre actual amenaza con provocar la mayor conmoción energética desde la década de 1970. Buques cisterna que habitualmente transportan un quinto del petróleo mundial hacia el Océano Índico están atrapados, lo que reduce la oferta global y empuja el precio del barril. Expertos en energía señalan que el peligro no reside únicamente en el encarecimiento del crudo, sino en su efecto sobre la inflación y las tasas de interés.La amenaza de destruir centrales eléctricas iraníes si Teherán no obedece refleja la estrategia de “paz mediante la fuerza” que promueve Trump. La reacción de Teherán ha sido desafiante: la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado objetivos en Oriente Medio e incluso en la base conjunta de Diego García en el Océano Índico, demostrando su alcance de misiles. Para Irán, bloquear el estrecho es una carta de negociación; cuanto más dure el shock energético, mayor será la presión global para un acuerdo.El pánico que se propagó al crédito privadoLa crisis geopolítica no solo repercute en los mercados de petróleo. Uno de los sectores más afectados es el del crédito privado, también llamado “banca en la sombra”. Este mercado de 2 billones de dólares se basa en fondos que prestan directamente a empresas fuera de los circuitos bancarios tradicionales y que, en teoría, ofrecen rendimientos estables con cierta liquidez. En realidad, se trata de activos ilíquidos con vencimientos de tres a siete años, y una ola de rescates masivos puede obligar a vender préstamos a precios de saldo o a bloquear las salidas.A principios de marzo, gigantes como BlackRock y Blackstone anunciaron que sus fondos estrella, HLEND y BCRED, activarían “gates” o restricciones a los reembolsos, después de recibir solicitudes por valor de 1 200 millones y 3 700 millones de dólares, respectivamente. Morgan Stanley limitó los rescates en su North Haven Private Income Fund tras peticiones que equivalían a casi el 11 % de las participaciones. Estas medidas dejan a muchos inversores sin poder recuperar sus fondos, pese a haber creído que tenían liquidez diaria.La situación estaba incubándose desde hace meses, pero el conflicto en Oriente Próximo fue el catalizador que desató el pánico. La subida del crudo por encima de 90 dólares y los temores a un repunte de la inflación asustaron a inversores que ya veían señales de desaceleración económica. Datos de la Reserva Federal de Atlanta mostraron en marzo una fuerte revisión a la baja del crecimiento esperado, y el Departamento de Trabajo notificó una contracción de 92 000 empleos en febrero. Ante estos titulares y la perspectiva de una recesión, los inversores minoristas corrieron a vender sus participaciones en fondos de crédito privado.El resultado ha sido un derrumbe de los bonos emitidos por fondos semilíquidos, que han caído a mínimos de un año. Hedge funds como Fourier Asset Management señalan que los mercados de bonos ya estaban advirtiendo de este riesgo: el diferencial de los bonos de cinco grandes fondos se ensanchó antes del aumento de los rescates y alcanzó niveles no vistos desde 2025. El mercado de crédito privado se enfrenta así a su mayor prueba de liquidez desde su nacimiento.Las grandes entidades financieras también están reaccionando. JPMorgan ha marcado a la baja el valor de ciertos préstamos a fondos de crédito privado y ha endurecido sus condiciones de financiación. BlackRock informó que su fondo HLEND recibió solicitudes de retirada por un valor equivalente al 9,3 % de su activo neto y que solo podría devolver 620 millones de dólares, el máximo permitido del 5 % por trimestre. Apollo Global, Ares Management y Blue Owl han tomado medidas similares para limitar rescates.Un “cisne negro” en la banca en la sombraAnalistas de riesgo califican estos acontecimientos como un clásico “cisne negro” en el sector financiero. Un artículo especializado advierte que las congelaciones de reembolsos no son un detalle técnico, sino el estallido de una burbuja alimentada por la ilusión de que se podía “democratizar” el private equity. Durante años, bancos y gestoras vendieron estos productos a inversores minoristas prometiendo rentabilidades de capital privado con la liquidez de un bono. La contradicción era evidente: cuando miles de pequeños inversores intentan salir a la vez, la única solución es cerrar la puerta.El mismo análisis subraya que el conflicto en Irán no creó el problema, pero reveló la fragilidad estructural del mercado. Las ondas de choque geopolíticas reducen de golpe la liquidez, de manera similar a lo que ocurrió durante la pandemia de 2020. La combinación de una desaceleración económica y una caída de valoraciones —denominada por algunos analistas como el “doble disparo de Davis”— impacta directamente en la capacidad de los fondos para cumplir con sus obligaciones.La crisis también expone fallos regulatorios. Las autoridades permitieron que estos productos proliferaran sin exigir a los distribuidores que explicaran claramente sus riesgos. Ahora, con el pánico desatado, los gestores instan a los inversores a mantener la calma. Algunos bancos privados recomiendan mirar más allá de los titulares, diversificar las carteras y mantener un horizonte de inversión de seis meses o más, recordando que las guerras en el Golfo no suelen ser eternas.Voces de la calle: miedo, apoyo y escepticismoMás allá de los datos financieros, la conversación pública revela una sociedad polarizada. En las redes sociales y en los comentarios sobre el vídeo de análisis que popularizó el ultimátum de Trump, abundan tres tipos de reacciones. Por un lado, simpatizantes del exmandatario celebran su dureza y sostienen que solo una postura implacable hará retroceder a Teherán. En muchos mensajes se repite la idea de que abrir el estrecho es imprescindible para evitar una crisis petrolera y que cualquier precio es aceptable con tal de salvaguardar los intereses energéticos de Occidente.En el extremo opuesto están quienes denuncian que la retórica belicista de Trump conduce a una guerra total con consecuencias incalculables. Estos usuarios recuerdan que el estrecho de Hormuz nunca se cerró completamente antes y piden redoblar los esfuerzos diplomáticos. Algunos mencionan las penurias de la población civil iraní y libanesa y alertan de que un ataque a infraestructura civil podría suponer un crimen de guerra.Un tercer grupo de comentaristas se centra en las consecuencias económicas. Señalan que el bloqueo del estrecho ya ha disparado el precio del petróleo y la inflación, y que la tensión ha revelado debilidades profundas en el sistema financiero. Critican a las gestoras de crédito privado por no haber advertido a los inversores sobre la iliquidez de sus productos y culpan tanto a los reguladores como a la industria por fomentar una burbuja que ahora empieza a explotar. Estos mensajes reflejan una preocupación creciente por el impacto que un prolongado conflicto en Oriente Próximo podría tener sobre la estabilidad financiera y la economía de a pie.Mirando hacia adelanteLa crisis abierta por el ultimátum de Trump a Irán tiene varias dimensiones. En el plano geopolítico, la apertura o cierre del estrecho de Hormuz será decisiva para el suministro energético global. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel parecen decididos a forzar a Teherán a renunciar al bloqueo, mientras que muchos países —incluidas potencias europeas y asiáticas— reclaman una solución negociada.En el plano financiero, la sacudida al mercado de crédito privado podría tener efectos duraderos. Los gestores hablan de un nuevo comienzo en el que se replantee la “democratización” del private equity y se refuercen las normas de transparencia y protección al inversor. Para los mercados, el desafío es evitar que el pánico se propague a otros segmentos de la economía mientras la guerra sube de tono.La historia demuestra que las crisis militares y energéticas suelen ser temporales, pero también recuerda que pueden servir de detonante para problemas latentes. El ultimátum de Trump a Irán no solo puso a prueba la resistencia de un país bajo sanciones; también expuso la fragilidad de un entramado financiero que había prometido liquidez donde no la había. El mundo entero observa ahora si el estrecho de Hormuz se reabre sin un conflicto mayor y si el sector del crédito privado es capaz de sobrevivir a su propia crisis de confianza.