Dubai Telegraph - OCDE: Alerta final a España

OCDE: Alerta final a España

España afronta un momento crítico en sus finanzas públicas. En su último examen económico, publicado a finales de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo sonar todas las alarmas. Aunque el organismo reconoce que la economía española ha mostrado una sorprendente resiliencia tras la pandemia y que el crecimiento del producto interior bruto podría alcanzar el 2,9 % en 2025 y el 2,2 % en 2026, advierte de que ese impulso está sostenido por pilares frágiles: deuda elevada, un déficit estructural enquistado y presiones demográficas que amenazan con desbordar el sistema de prestaciones públicas.

Según los datos del primer semestre de 2025, la economía española creció principalmente gracias al endeudamiento. Por cada euro adicional de producto interior bruto, la deuda pública aumentó 1,5 euros. Los ingresos tributarios subieron un 6,5 %, pero el gasto lo hizo un 6,1 %, generando un desequilibrio de 32.800 millones en sólo seis meses. Los intereses de la deuda alcanzaron más de 20.500 millones de euros, un 8,2 % más que un año antes, una cifra que ya supera el presupuesto anual de muchas políticas públicas. Estos datos reflejan una dinámica insostenible: la economía crece, pero lo hace apoyada en un endeudamiento masivo que absorbe casi toda la capacidad de expansión real.

La OCDE comparte ese diagnóstico: la deuda pública se mantiene en niveles elevados y el déficit estructural ronda el 3 % del PIB. Aunque el déficit nominal descendió al 3,2 % en 2024, el desequilibrio de fondo apenas se ha corregido. Sin medidas contundentes, el organismo alerta de que el envejecimiento de la población y el aumento del gasto público pueden abocar al país a un colapso fiscal. La institución advierte de que, entre 2023 y 2050, el gasto en pensiones crecerá 3,2 puntos del PIB, y si se añaden los costes sanitarios y de cuidados de larga duración la presión total ascenderá a 5,2 puntos. Esta tendencia se agrava porque las prestaciones están indexadas a la inflación y ya no existe un factor automático de sostenibilidad: los ajustes que contemplaba la reforma anterior se pospusieron y el gasto en pensiones depende enteramente del IPC. La OCDE propone volver a vincular la edad y el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida o ampliar el periodo de cómputo para mejorar la sostenibilidad.

El organismo también critica que el Plan de Estabilidad a medio plazo presentado por el Gobierno carece de detalles sobre cómo reducir el déficit al 0,8 % y llevar la deuda al 90,6 % del PIB en 2031. Señala que el gasto público está demasiado concentrado en transferencias corrientes –especialmente pensiones y prestaciones por desempleo– mientras que la inversión en educación, servicios básicos e infraestructuras se sitúa por debajo de la media europea. Recomienda reforzar la eficiencia del gasto, recortar partidas improductivas y priorizar el gasto orientado al crecimiento.

Uno de los focos que más preocupa a la OCDE es el mercado laboral. España mantiene la tasa de paro más alta de la organización, a pesar de la creación récord de empleo en 2024. El organismo subraya la necesidad de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores sénior y de los inmigrantes para sostener la oferta laboral. Insta a mejorar la formación para adultos, revisar los incentivos al subsidio de mayores de 52 años y facilitar la integración de las personas migrantes. También llama a reducir la carga administrativa y ampliar el acceso a la financiación para pymes y emprendedores, uno de los grandes obstáculos a la productividad española.

La recaudación tributaria es otro punto crítico. El llamado “tax wedge” –la diferencia entre el coste laboral total y el salario neto que percibe el trabajador– se sitúa en el 40,6 % para un trabajador medio sin hijos, muy por encima de la media de la OCDE. La presión fiscal se apoya demasiado en las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta, mientras que el IVA recauda poco debido a los numerosos tipos reducidos y exenciones. El organismo propone ampliar la base del IVA, revisar las bonificaciones que generan distorsiones y reorientar la carga hacia impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, como los ambientales.

El informe dedica un capítulo específico a la vivienda. Entre 2022 y 2024 se concedieron apenas 345.000 licencias de construcción, mientras se formaron 604.000 nuevos hogares; el resultado es un déficit de unas 600.000 viviendas. La OCDE considera que la regulación del alquiler y las trabas urbanísticas estrangulan la oferta, provocando subidas de precios de doble dígito. Recomienda liberar suelo, agilizar y digitalizar los permisos, invertir en vivienda social y establecer un sistema nacional de ayudas al alquiler ajustado a ingresos y precios locales. Sin una intervención decidida, advierte, la tensión en los precios de la vivienda seguirá aumentando y se convertirá en un freno adicional para la competitividad.

El organismo internacional reconoce que España ha tenido un desempeño mejor que el de sus socios en términos de crecimiento y creación de empleo, gracias al consumo privado, la llegada de inmigrantes y la inversión impulsada por los fondos europeos. Sin embargo, insiste en que la productividad por trabajador sigue siendo baja y que el capital humano y tecnológico crece lentamente. La inversión en investigación y desarrollo se mantiene por debajo del objetivo europeo, y muchas pymes siguen teniendo dificultades para acceder a financiación alternativa. Estas debilidades estructurales limitarán el crecimiento potencial si no se abordan con reformas profundas.

El diagnóstico de la OCDE coincide con las advertencias de economistas independientes. José Ramón Riera, uno de los analistas más críticos con la evolución macroeconómica reciente, sostiene que la economía se está inflando artificialmente; por cada euro de PIB que se genera, la deuda pública aumenta 1,5 euros. El déficit consumió en seis meses el 80 % del límite autorizado por Bruselas, y el coste financiero de la deuda supera ya presupuestos completos de ministerios. En su opinión, sin contención del gasto y sin un impulso decidido a la productividad, España entrará en diciembre de 2026 en una situación fiscal extremadamente preocupante.

En 2026 entrará en vigor la nueva regla fiscal europea, que obligará a todos los Estados a situar el déficit por debajo del 3 % y a reducir la deuda de manera sostenida. La OCDE considera que el margen de maniobra del Gobierno español es cada vez menor y que los próximos meses serán decisivos para reconducir las cuentas públicas. Sin reformas estructurales, el crecimiento robusto de hoy podría convertirse en una falsa calma previa a un ajuste doloroso.

El mensaje es claro:
El tiempo se agota. La OCDE no sólo mejora sus previsiones de crecimiento, sino que lanza una advertencia final. España necesita un pacto de Estado para restaurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, reformar el sistema de pensiones, reorientar la política fiscal, mejorar la competitividad y garantizar vivienda asequible. De lo contrario, los desequilibrios acumulados acabarán por desatar una crisis fiscal que las generaciones futuras no podrán evitar.

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Ultimátum de Trump y crédito

La inesperada advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a Irán —darle 48 horas para reabrir completamente el estrecho de Hormuz o enfrentarse a la destrucción de sus plantas de energía— ha dejado al mundo en vilo. El estrecho de Hormuz es un paso marítimo estrecho entre Irán y Omán por donde circula en torno al 20 % del petróleo y gas natural licuado que consume el planeta. Durante la actual guerra entre Washington y Teherán, esta vía se ha cerrado prácticamente, con más del 90 % del crudo y derivados retenidos en la región del Golfo. La amenaza de Trump de “aniquilar” las centrales eléctricas iraníes si no se restablece el tráfico en 48 horas llevó la tensión a un nivel sin precedentes.En la Casa Blanca, la explicación oficial es que Washington pretende restaurar la libertad de navegación y contener una escalada que ya ha provocado cientos de víctimas en varios países de Oriente Próximo. Sin embargo, observadores internacionales señalan que un ataque a infraestructuras energéticas civiles podría constituir un crimen de guerra y que la retórica belicista no deja espacio para la diplomacia. Aliados regionales, como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, respaldan la dureza de Trump mientras evitan confirmar si se unirán a la eventual operación.El estrecho de Hormuz: arteria vital bajo amenazaEl estrecho de Hormuz ha sido históricamente un punto de estrangulamiento. Nunca antes había sido bloqueado por completo, y su cierre actual amenaza con provocar la mayor conmoción energética desde la década de 1970. Buques cisterna que habitualmente transportan un quinto del petróleo mundial hacia el Océano Índico están atrapados, lo que reduce la oferta global y empuja el precio del barril. Expertos en energía señalan que el peligro no reside únicamente en el encarecimiento del crudo, sino en su efecto sobre la inflación y las tasas de interés.La amenaza de destruir centrales eléctricas iraníes si Teherán no obedece refleja la estrategia de “paz mediante la fuerza” que promueve Trump. La reacción de Teherán ha sido desafiante: la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado objetivos en Oriente Medio e incluso en la base conjunta de Diego García en el Océano Índico, demostrando su alcance de misiles. Para Irán, bloquear el estrecho es una carta de negociación; cuanto más dure el shock energético, mayor será la presión global para un acuerdo.El pánico que se propagó al crédito privadoLa crisis geopolítica no solo repercute en los mercados de petróleo. Uno de los sectores más afectados es el del crédito privado, también llamado “banca en la sombra”. Este mercado de 2 billones de dólares se basa en fondos que prestan directamente a empresas fuera de los circuitos bancarios tradicionales y que, en teoría, ofrecen rendimientos estables con cierta liquidez. En realidad, se trata de activos ilíquidos con vencimientos de tres a siete años, y una ola de rescates masivos puede obligar a vender préstamos a precios de saldo o a bloquear las salidas.A principios de marzo, gigantes como BlackRock y Blackstone anunciaron que sus fondos estrella, HLEND y BCRED, activarían “gates” o restricciones a los reembolsos, después de recibir solicitudes por valor de 1 200 millones y 3 700 millones de dólares, respectivamente. Morgan Stanley limitó los rescates en su North Haven Private Income Fund tras peticiones que equivalían a casi el 11 % de las participaciones. Estas medidas dejan a muchos inversores sin poder recuperar sus fondos, pese a haber creído que tenían liquidez diaria.La situación estaba incubándose desde hace meses, pero el conflicto en Oriente Próximo fue el catalizador que desató el pánico. La subida del crudo por encima de 90 dólares y los temores a un repunte de la inflación asustaron a inversores que ya veían señales de desaceleración económica. Datos de la Reserva Federal de Atlanta mostraron en marzo una fuerte revisión a la baja del crecimiento esperado, y el Departamento de Trabajo notificó una contracción de 92 000 empleos en febrero. Ante estos titulares y la perspectiva de una recesión, los inversores minoristas corrieron a vender sus participaciones en fondos de crédito privado.El resultado ha sido un derrumbe de los bonos emitidos por fondos semilíquidos, que han caído a mínimos de un año. Hedge funds como Fourier Asset Management señalan que los mercados de bonos ya estaban advirtiendo de este riesgo: el diferencial de los bonos de cinco grandes fondos se ensanchó antes del aumento de los rescates y alcanzó niveles no vistos desde 2025. El mercado de crédito privado se enfrenta así a su mayor prueba de liquidez desde su nacimiento.Las grandes entidades financieras también están reaccionando. JPMorgan ha marcado a la baja el valor de ciertos préstamos a fondos de crédito privado y ha endurecido sus condiciones de financiación. BlackRock informó que su fondo HLEND recibió solicitudes de retirada por un valor equivalente al 9,3 % de su activo neto y que solo podría devolver 620 millones de dólares, el máximo permitido del 5 % por trimestre. Apollo Global, Ares Management y Blue Owl han tomado medidas similares para limitar rescates.Un “cisne negro” en la banca en la sombraAnalistas de riesgo califican estos acontecimientos como un clásico “cisne negro” en el sector financiero. Un artículo especializado advierte que las congelaciones de reembolsos no son un detalle técnico, sino el estallido de una burbuja alimentada por la ilusión de que se podía “democratizar” el private equity. Durante años, bancos y gestoras vendieron estos productos a inversores minoristas prometiendo rentabilidades de capital privado con la liquidez de un bono. La contradicción era evidente: cuando miles de pequeños inversores intentan salir a la vez, la única solución es cerrar la puerta.El mismo análisis subraya que el conflicto en Irán no creó el problema, pero reveló la fragilidad estructural del mercado. Las ondas de choque geopolíticas reducen de golpe la liquidez, de manera similar a lo que ocurrió durante la pandemia de 2020. La combinación de una desaceleración económica y una caída de valoraciones —denominada por algunos analistas como el “doble disparo de Davis”— impacta directamente en la capacidad de los fondos para cumplir con sus obligaciones.La crisis también expone fallos regulatorios. Las autoridades permitieron que estos productos proliferaran sin exigir a los distribuidores que explicaran claramente sus riesgos. Ahora, con el pánico desatado, los gestores instan a los inversores a mantener la calma. Algunos bancos privados recomiendan mirar más allá de los titulares, diversificar las carteras y mantener un horizonte de inversión de seis meses o más, recordando que las guerras en el Golfo no suelen ser eternas.Voces de la calle: miedo, apoyo y escepticismoMás allá de los datos financieros, la conversación pública revela una sociedad polarizada. En las redes sociales y en los comentarios sobre el vídeo de análisis que popularizó el ultimátum de Trump, abundan tres tipos de reacciones. Por un lado, simpatizantes del exmandatario celebran su dureza y sostienen que solo una postura implacable hará retroceder a Teherán. En muchos mensajes se repite la idea de que abrir el estrecho es imprescindible para evitar una crisis petrolera y que cualquier precio es aceptable con tal de salvaguardar los intereses energéticos de Occidente.En el extremo opuesto están quienes denuncian que la retórica belicista de Trump conduce a una guerra total con consecuencias incalculables. Estos usuarios recuerdan que el estrecho de Hormuz nunca se cerró completamente antes y piden redoblar los esfuerzos diplomáticos. Algunos mencionan las penurias de la población civil iraní y libanesa y alertan de que un ataque a infraestructura civil podría suponer un crimen de guerra.Un tercer grupo de comentaristas se centra en las consecuencias económicas. Señalan que el bloqueo del estrecho ya ha disparado el precio del petróleo y la inflación, y que la tensión ha revelado debilidades profundas en el sistema financiero. Critican a las gestoras de crédito privado por no haber advertido a los inversores sobre la iliquidez de sus productos y culpan tanto a los reguladores como a la industria por fomentar una burbuja que ahora empieza a explotar. Estos mensajes reflejan una preocupación creciente por el impacto que un prolongado conflicto en Oriente Próximo podría tener sobre la estabilidad financiera y la economía de a pie.Mirando hacia adelanteLa crisis abierta por el ultimátum de Trump a Irán tiene varias dimensiones. En el plano geopolítico, la apertura o cierre del estrecho de Hormuz será decisiva para el suministro energético global. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel parecen decididos a forzar a Teherán a renunciar al bloqueo, mientras que muchos países —incluidas potencias europeas y asiáticas— reclaman una solución negociada.En el plano financiero, la sacudida al mercado de crédito privado podría tener efectos duraderos. Los gestores hablan de un nuevo comienzo en el que se replantee la “democratización” del private equity y se refuercen las normas de transparencia y protección al inversor. Para los mercados, el desafío es evitar que el pánico se propague a otros segmentos de la economía mientras la guerra sube de tono.La historia demuestra que las crisis militares y energéticas suelen ser temporales, pero también recuerda que pueden servir de detonante para problemas latentes. El ultimátum de Trump a Irán no solo puso a prueba la resistencia de un país bajo sanciones; también expuso la fragilidad de un entramado financiero que había prometido liquidez donde no la había. El mundo entero observa ahora si el estrecho de Hormuz se reabre sin un conflicto mayor y si el sector del crédito privado es capaz de sobrevivir a su propia crisis de confianza.