Dubai Telegraph - El Mayor cambio en décadas

El Mayor cambio en décadas

A pocas semanas de arrasar en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Gobierno de Javier Milei se prepara para ejecutar la transformación más profunda de la estructura estatal desde los años noventa. La victoria en las urnas le dio a La Libertad Avanza un control parlamentario que ningún oficialismo había obtenido desde 2001, lo que permitirá tratar en sesiones extraordinarias un paquete de reformas laborales y tributarias que, según el Presidente, inaugurarán una “nueva Argentina” orientada al crecimiento y a la libertad económica.

Triunfo electoral y nueva relación de fuerzas
El 27 de octubre los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La coalición oficialista saltó de 35 diputados a más de 90 y se convirtió en la fuerza mayoritaria en ambas cámaras; este resultado abre la puerta para debatir en diciembre los proyectos de modernización laboral y simplificación impositiva. El jefe de Gabinete, entonces Guillermo Francos, explicó que la nueva composición les da un “margen de maniobra” suficiente para impulsar los cambios estructurales.

Reforma laboral: modernización del empleo
Uno de los ejes centrales del paquete de reformas es la modificación profunda de la legislación laboral. El proyecto parte de la “Ley de promoción de inversiones y empleo” elaborada por la diputada Romina Diez y retoma disposiciones del DNU 70/23. Entre sus puntos más destacados se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de doce horas diarias, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y la habilitación a las pequeñas y medianas empresas para pagar indemnizaciones en hasta doce cuotas. También plantea flexibilizar los convenios colectivos mediante bancos de horas, restaurar el uso de vales o canastas como parte del salario y ofrecer incentivos fiscales a las PyMES que contraten nuevos empleados.

El programa oficial incluye elementos de flexibilización adicionales. Se prevé un sistema de “salarios dinámicos” que premie el mérito y permita pactar remuneraciones en distintas monedas, bancos de horas y convenios negociados por empresa. Otra novedad es la digitalización de trámites para reducir la burocracia y el reconocimiento de contratos en cualquier moneda, incluido el dólar; el propio Presidente subrayó que quien desee cobrar “el 100 % de su salario en dólares” podrá hacerlo. Según el Gobierno, el objetivo es formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en la economía informal, terminar con la denominada “industria del juicio” y garantizar seguridad jurídica para que las empresas contraten.

Este enfoque recuerda a las reformas de los años noventa porque promueve negociaciones salariales por productividad y por empresa, reduce la ultraactividad de los convenios y amplía el período de prueba. Defensores y críticos coinciden en que los cambios podrían dinamizar el mercado laboral, aunque los opositores advierten sobre el riesgo de precarización y pérdida de derechos. Para mitigar resistencias, el proyecto se debatirá en el Consejo de Mayo con gremios y empresarios.

Reforma tributaria: simplificación y competitividad
La segunda gran arista es la reforma tributaria. El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que enviarán al Congreso un proyecto para eliminar alrededor de 20 impuestos que consideran distorsivos. Entre las medidas que se discuten figura la creación de un “Súper IVA”: la Nación conservaría un porcentaje fijo del impuesto sobre el valor agregado —alrededor del 9 %— y las provincias podrían fijar su propia alícuota hasta un tope de 21 %, generando competencia impositiva para atraer inversiones.

La propuesta también incluye reducir la alícuota y simplificar el impuesto a las Ganancias, ampliar las deducciones y adoptar un régimen simplificado que elimine la obligación de reportar consumos personales. El Ejecutivo estudia la eliminación del impuesto al cheque cuando se consolide el superávit fiscal. Expertos consultados por analistas destacan que Argentina tiene 155 tributos distintos, pero sólo doce de ellos representan el 94 % de la recaudación; por eso, reducir gravámenes de baja recaudación podría simplificar el sistema sin grandes pérdidas de ingresos.

Caputo ha asegurado que el nuevo esquema tributario devolverá al sector privado hasta 500 mil millones de dólares hacia 2031. No obstante, estudiosos del régimen de IVA advierten que algunas provincias podrían enfrentar dificultades para autofinanciarse y que la eliminación de Ingresos Brutos será clave para viabilizar el Súper IVA.

Reestructuración del Estado y la Ley de Bases
Detrás del paquete legislativo se encuentra la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada en julio de 2024. Esta norma otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante un año; en ese lapso se dictaron 88 normas, la mitad de ellas en el último trimestre. Más del 50 % de las medidas se orientaron a intervenir, transformar o eliminar organismos públicos, un 19 % fueron desregulaciones, un 11 % supusieron la disolución de fondos fiduciarios y un 9 % consistieron en privatizaciones.

El informe sobre el primer año de aplicación de la ley señala la disolución o desjerarquización de instituciones como la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y varios organismos de ciencia y salud. También se cerraron 16 fondos fiduciarios vinculados a programas de vivienda, desarrollo productivo y federalismo. Otra medida polémica fue declarar “servicios esenciales” a actividades como la salud, la educación y los servicios energéticos, lo que restringe el derecho de huelga.

Como parte de la reestructuración, el 11 de noviembre de 2025 se eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios y se transfirieron sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, mediante el decreto 793/2025. La medida concentró la difusión gubernamental en la figura del nuevo jefe de Gabinete y buscó “optimizar” la gestión pública. Adorni asumió el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y rápidamente inició negociaciones con gobernadores, junto con el ministro del Interior Diego Santilli, para consensuar el presupuesto 2026 y las reformas en materia laboral, tributaria y previsional.

Resultados económicos e inversiones históricas
La motosierra fiscal y la liberalización económica tuvieron efectos inmediatos en los mercados. En el primer día hábil de 2025 el riesgo país cayó a 610 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018. Las acciones argentinas se dispararon hasta 14 % en Wall Street y el índice S&P Merval en dólares subió casi 8 %, rozando los 2.300 puntos. Analistas internacionales destacaron que la inflación y el gasto público descendieron, la deuda se redujo y la confianza en la economía mejoró, lo que motivó el regreso de capitales al país.

El nuevo contexto también disparó los anuncios de inversión. En el último año se comprometieron más de 100 000 millones de dólares en proyectos productivos. Entre ellos destacan un acuerdo entre la empresa estatal YPF y una petrolera italiana para exportar gas natural licuado por 30 000 millones de dólares; 25 000 millones de dólares en obras bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobados, otros 25 000 millones pendientes y un proyecto para instalar centros de datos por 25 000 millones.

El Gobierno firmó además un acuerdo comercial con los Estados Unidos que prevé la reducción recíproca de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y el reconocimiento de normas estadounidenses en sectores como automotores y productos médicos. Este tratado, presentado como un hito fundacional, se suma a la inversión de ENI y al compromiso de organismos tecnológicos para posicionar a Argentina como proveedor global de energía y servicios.

Junto con los proyectos energéticos, la administración libertaria impulsa una ley de zonas periglaciares para que las provincias definan sus propios límites glaciares y puedan expandir la minería. El Presidente sostiene que la minería de cobre, oro, litio y tierras raras podría generar un millón de empleos directos. Además, insiste en modernizar el sector ferroviario y expandir la industria nuclear y de inteligencia artificial para desencadenar un “nuevo siglo de oro”.

Desafíos y perspectivas
El comienzo de esta “nueva Argentina” representa el intento más ambicioso de desmantelar el modelo estatal y corporativo heredado del siglo XX. La administración libertaria se apoya en el respaldo electoral y en indicadores financieros favorables para avanzar con reformas que, en conjunto, cambiarían la estructura productiva, laboral y fiscal del país. Sin embargo, el éxito del programa dependerá de su aprobación parlamentaria, de la capacidad de diálogo con los gobernadores y de la reacción de la sociedad.

Existen advertencias sobre los costos sociales de la “motosierra”: organizaciones civiles señalan que la eliminación de organismos y fondos puede limitar servicios esenciales y provocar despidos, y que declarar esenciales áreas como educación y salud restringe derechos laborales. En materia tributaria, expertos advierten que el Súper IVA podría agravar la desigualdad entre provincias.

A pesar de estas tensiones, la gestión de Javier Milei está decidida a avanzar con el mayor cambio estructural desde los noventa. Si logra equilibrar la reducción del Estado con crecimiento económico, atraer inversiones y mantener la gobernabilidad, Argentina podría iniciar la época dorada que el Presidente prometió. Si fracasa, quedará la sensación de otra oportunidad perdida. En las próximas semanas, cuando el Congreso comience a discutir las reformas, se sabrá si el sueño de una nueva Argentina se concreta o se diluye.

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Un cartel desafía al estado

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», abatido por el Ejército mexicano en Tapalpa a finales de febrero de 2026 con apoyo de inteligencia estadounidense, marcó el fin de una época. Hasta entonces el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) había sido considerado la organización criminal más poderosa del país. Con su caída, el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la Administración de Donald Trump anunciaron una gran victoria en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, analistas señalan que este golpe podría desatar una guerra interna: el CJNG no es un grupo monolítico, sino una red descentralizada que opera como una franquicia y participa en prácticamente todos los mercados ilícitos, desde el fentanilo hasta la extorsión. Su estructura fue diseñada para sobrevivir a la ausencia de su fundador, por lo que la caída del líder abre la puerta a disputas entre sus distintas células regionales.La fragmentación no es un fenómeno nuevo. Desde 2006, cuando el Gobierno de Felipe Calderón militarizó la lucha contra las drogas con apoyo de Estados Unidos, cada vez que se elimina a un capo surge una lucha sucesoria y aparecen nuevos grupos criminales. El resultado es más violencia y desplazamientos masivos. Aun así, los cárteles se refuerzan y amplían su control territorial. Dos décadas después, amplias zonas del país han pasado de ser seguras a inseguras; hasta 30 000 mexicanos mueren cada año en actos de violencia relacionados con el crimen y cientos de miles han sido desplazados.La amenaza del CJNG tras la caída de su jefeLos expertos coinciden en que el CJNG no se ha debilitado estructuralmente. El investigador Carlos Malamud destaca que la gran diferencia con los cárteles de antaño es su capacidad para operar de forma «poliactiva», diversificando su negocio y controlando rutas, mercados locales y sistemas de extorsión. La organización ha perfeccionado un modelo de franquicia: en lugar de enviar a sus propios hombres a todas partes, arrienda sus siglas y métodos a bandas locales a cambio de una parte de las ganancias. Para ello emplea tecnología punta, desde drones hasta vehículos blindados caseros, y contrata ingenieros y especialistas. Esta capacidad le permite instalarse en zonas donde el aparato estatal es débil.La ausencia del heredero natural Rubén Oseguera González («El Menchito»), extraditado a Estados Unidos en 2020 y sometido a juicios por narcotráfico y uso de armas, alimenta el riesgo de una guerra interna. La sucesión podría recaer en diversos brazos armados regionales que intentarán imponerse violentamente. Para la sociedad mexicana, esto se traduce en posibles enfrentamientos en Jalisco, Michoacán, Guerrero y otros estados donde las células del CJNG disputan territorios.La rebelión de los pueblos en GuerreroEl vacío de autoridad y la violencia creciente no solo provienen del CJNG. En las montañas de Guerrero, un panorama de grupos armados rivales, bandas locales y fuerzas de autodefensa refleja la complejidad del conflicto. En Guajes de Ayala, un grupo de unas 50 personas se ha organizado desde 2020 para evitar que el cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM) se apodere de sus comunidades. Armados con fusiles AK‑47, granadas y otros equipos militares introducidos clandestinamente desde Estados Unidos, patrullan la zona y vigilan con drones la presencia de unos cien pistoleros del cártel. El líder Javier Hernández explica que no quieren pertenecer a ninguna organización criminal ni ceder el territorio.Esta autodefensa surgió cuando la LNFM intentó tomar el control de siete comunidades a lo largo de una ruta estratégica hacia el puerto de Acapulco y comenzó a talar ilegalmente y a reclutar por la fuerza a los habitantes. Al no recibir protección del Ejército ni de la policía, los vecinos decidieron armarse. Durante casi un año se sucedieron tiroteos; muchas familias huyeron, reduciendo la población de 1 600 a 400 personas. Tras una pausa, el cártel regresó con laboratorios de fentanilo y drones. Actualmente, los pueblos están casi desiertos, con casas vacías y escuelas cerradas; algunos habitantes no han vuelto a ver a sus familiares en años.Guerrero es uno de los estados más afectados por la fragmentación de los cárteles. Un informe de la DEA señala que en la región operan al menos cinco cárteles, además de bandas locales y grupos de autodefensas; muchos de estos últimos han sido cooptados por cárteles rivales o han derivado en fuerzas paramilitares. La proliferación de grupos armados es un desafío para la presidenta Sheinbaum, que, bajo presión de Washington, intenta reducir la violencia sin aceptar tropas extranjeras.Designación como grupo terrorista y sancionesLa Nueva Familia Michoacana ha pasado de ser un grupo criminal regional a un enemigo declarado de Estados Unidos. En febrero de 2025, el Departamento de Estado la designó Organización Terrorista Extranjera y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a sus dirigentes. La nota oficial subraya que la LNFM, basada en Guerrero y Michoacán, trafica fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína a Estados Unidos y ha utilizado drones para lanzar bombas contra rivales, secuestrar y extorsionar comunidades mexicanas. La designación implica el bloqueo de los bienes de sus líderes y la prohibición a cualquier persona estadounidense de realizar transacciones con ellos.A pesar de estas medidas, la fuerza del cártel no depende únicamente de sus líderes. Los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como «Los Hermanos Hurtado», continúan coordinando las actividades criminales desde refugios en la sierra, mientras que otros miembros de la familia se encargan del lavado de dinero, el tráfico de armas y la minería ilegal. La colaboración entre la LNFM y células locales, así como el empleo de drones y explosivos, revela un nivel de organización militar que supera el control de muchos gobiernos estatales.La respuesta de Estados Unidos: ¿hacia una guerra?Tras la muerte de «El Mencho», la Casa Blanca endureció su discurso. La secretaria de prensa Karoline Leavitt advirtió que los cárteles «no pueden tocar a un solo estadounidense o afrontarán graves consecuencias». Confirmó que la operación para abatir al jefe del CJNG contó con participación estadounidense y recordó que Washington designó a los cárteles como organizaciones terroristas y utiliza «medidas letales» contra narcolanchas. En entrevista con Fox News, Leavitt señaló que Estados Unidos está coordinando y presionando al Gobierno mexicano para intensificar la lucha contra el narcotráfico. Los disturbios posteriores a la muerte de Oseguera Cervantes, con 25 militares mexicanos muertos y decenas de bloqueos y ataques, refuerzan la percepción de que los cárteles responden de forma violenta ante cada golpe.Donald Trump no se ha limitado a advertencias. En marzo de 2026, durante la cumbre «Escudo de las Américas» celebrada en Florida, firmó una proclamación que establece como prioridad la destrucción de los cárteles y la movilización de ejércitos aliados para desmantelarlos. México fue excluido del encuentro, lo que, según el exdirector de operaciones internacionales de la DEA Mike Vigil, se debe a la negativa de la presidenta Sheinbaum a permitir el ingreso de tropas estadounidenses. Trump comparó a los cárteles con Al Qaeda e ISIS y señaló a México como origen de la problemática. Vigil advirtió que la estrategia de atacar militarmente a los cárteles podría causar la muerte de civiles y que la verdadera solución requiere intercambio de información y cooperación conjunta.Debate sobre la militarización y las causas profundasLos reclamos de Washington chocan con un creciente consenso entre académicos y organizaciones civiles: no existe una solución militar al problema de los cárteles. Desde 2006, cada operativo militar ha provocado más violencia y ha dado origen a grupos aún más peligrosos. El artículo de Antonio de Loera-Brust en La Razón explica que los cárteles no son ejércitos con ideología, sino actores económicos que satisfacen una demanda enorme en Estados Unidos. Eliminar un cártel no erradica el narcotráfico, de la misma manera que cerrar un banco no elimina el sector financiero. El origen de la violencia está en la demanda de drogas en Estados Unidos y en la abundancia de armas de grado militar que cruzan la frontera. El autor propone sancionar a los consumidores estadounidenses, limitar la producción de fentanilo mediante acuerdos internacionales y reducir el flujo de armas desde el norte.Los grupos de autodefensa de Guerrero encarnan este debate: sus miembros se ven obligados a comprar armas a los mismos cárteles que combaten y algunos ex integrantes del CJNG se han sumado a sus filas. Mientras la comunidad pide apoyo estatal, teme que el Ejército los trate como criminales o los abandone a su suerte. Muchos habitantes, así como comentaristas anónimos en internet, sostienen que la presencia militar estadounidense sólo agravaría la violencia y que la prioridad debe ser acabar con la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades que nutren a los cárteles.Perspectivas y recomendacionesLa mezcla de un cártel sin líder pero con gran capacidad operativa, una autodefensa desesperada y la presión de una potencia extranjera ha creado un escenario explosivo. Para evitar que el conflicto escale en una guerra abierta, se necesitan acciones en varios niveles:- Fortalecimiento institucional en México: el Estado debe recuperar territorios mediante una combinación de seguridad y desarrollo. Esto incluye reforzar las fuerzas de policía locales, mejorar la capacitación y supervisión del Ejército y combatir la corrupción a todos los niveles. También debe garantizar servicios básicos en las zonas rurales para evitar que los cárteles se erijan en autoridades de facto.- Reducción de la demanda y control de armas en Estados Unidos: Sin un mercado lucrativo al norte del Río Grande, los cárteles pierden su razón de ser. Washington debería endurecer las sanciones contra el consumo de drogas y el tráfico de precursores químicos, ampliar programas de rehabilitación y controlar el flujo de armas que llega a México. La aprobación de la Ley ARMAS y la persecución de redes de contrabando son pasos esenciales.- Cooperación respetuosa entre países: La lucha contra organizaciones transnacionales exige inteligencia compartida, operaciones conjuntas y acciones financieras para perseguir el lavado de dinero. Pero estas acciones deben respetar la soberanía de México y evitar intervenciones militares unilaterales que puedan desestabilizar la región.- Abordar las causas socioeconómicas: La pobreza, la falta de oportunidades y la debilidad del sistema de justicia alimentan el reclutamiento de jóvenes por parte de los cárteles. Programas de desarrollo rural, inversión en educación, salud y empleo pueden reducir la base social de apoyo a las organizaciones criminales.Conclusión y perspectivas de futuroEl cartel que desafía al Gobierno de México no es una única banda, sino un entramado de organizaciones que aprovechan la falta de Estado, la demanda internacional de drogas y el flujo ilegal de armas. La respuesta del Gobierno, presionado por Estados Unidos, se enfrenta al dilema de militarizar o buscar soluciones estructurales. La historia muestra que cada liderazgo abatido genera más violencia. Mientras tanto, los habitantes de Guajes de Ayala vigilan con fusiles y granadas las montañas que los gobiernos han olvidado. Su lucha refleja la urgencia de diseñar políticas integrales que vayan más allá de las balas y busquen restaurar la seguridad y la justicia en México.