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Bolivia: Tormenta económica

Cuando el economista Rodrigo Paz juró como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, heredó una economía asfixiada. Durante las últimas dos décadas el país mantuvo precios de la gasolina y el diésel artificialmente bajos y dejó en manos del Estado la explotación de hidrocarburos. Esas políticas vaciaron los cofres públicos. Las reservas internacionales, que en 2014 superaban los quince mil millones de dólares, se desplomaron a menos de dos mil millones en 2024; al asumir el poder, Paz no tenía reservas líquidas para importar combustible. La inflación superaba el 20 % y en agosto de 2025 llegó al 25,15 %, el nivel más alto en más de treinta años. La economía se contrajo 2,4 % en el primer semestre de 2025, se perdieron empleos y el poder adquisitivo se erosionó día a día.

El déficit fiscal, que un asesor de Paz estimó en más del 11 % del producto interno bruto (PIB), dejó al país sin margen de maniobra. José Gabriel Espinoza, miembro del equipo económico del nuevo presidente, advirtió que la nación disponía de menos de mil millones de dólares, insuficientes para cubrir dos semanas de importación de combustible o el pago de la deuda externa, y que serían necesarios al menos 2 500 millones para cerrar el año. La falta de divisas obligó al Banco Central a vender su oro y a imponer controles; se instaló un mercado paralelo donde el dólar se cotizaba a más del doble del tipo oficial. Muchos ahorristas no pudieron retirar sus depósitos en moneda extranjera y se vieron obligados a aceptar bolivianos al tipo de cambio oficial, provocando un “corralito” que alimentó la desconfianza en el sistema bancario.

Para intentar estabilizar la situación, Paz viajó a Washington antes de asumir el cargo y se reunió con instituciones multilaterales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo manifestaron su disposición a apoyar a Bolivia. Sin embargo, los préstamos deben ser aprobados por una Asamblea Legislativa fragmentada: la nueva coalición del presidente carece de mayoría propia y depende de alianzas con partidos de derecha y centro. Economistas advierten que la estabilidad política será esencial para implementar reformas impopulares como la reducción de subsidios y la flexibilización del tipo de cambio.

La emergencia energética
La segunda crisis, que agrava la primera, es el colapso del sector energético. Bolivia fue durante años un exportador de gas natural; hoy su producción se ha desplomado un 54 % en la última década. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cerró 2024 con pérdidas operativas de 11 700 millones de bolivianos (1 700 millones de dólares). Cada litro de gasolina y diésel que vende genera pérdidas por los subsidios, y solo el año pasado el subsidio al diésel importado costó 6 300 millones de bolivianos (914 millones de dólares). La empresa fue descrita por analistas como “prácticamente en bancarrota”.

La caída en la producción interna obligó a importar el 95 % del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume el país. A finales de octubre solo quedaba combustible para un día de diésel y tres de gasolina. Las filas en las estaciones se extendieron por kilómetros y duraban horas o incluso días. Los panaderos redujeron la producción de pan y los avicultores advirtieron sobre escasez de pollo debido a la falta de carburante. La crisis se reflejó también en las carreteras: se multiplicaron los bloqueos, se cancelaron rutas de autobuses y el transporte público funcionó a medias.

El desabastecimiento tiene otra dimensión: el contrabando. La gasolina y el diésel subsidiados son vendidos ilegalmente en Perú, Brasil y Chile, provocando pérdidas millonarias. Para combatirlo, Paz ordenó a las Fuerzas Armadas perseguir a los contrabandistas y calificó el contrabando de combustibles como un “ataque a la economía nacional”. Al mismo tiempo, anunció auditorías a YPFB y revisiones a los precios de los combustibles para hacer el sistema sostenible. Su ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, busca reformar el esquema de subsidios para que sean focalizados y dejen de ser un incentivo para el contrabando.

Las soluciones no llegarán rápido. El gas boliviano ya no abastece a Argentina ni a Brasil como antes; el país ha pasado de ser exportador a importador neto. El gobierno reactivó contratos con proveedores de Argentina, Chile, Paraguay y Perú para garantizar la oferta inmediata. Pero a largo plazo, Paz propone un “capitalismo inteligente de la energía”, combinando inversión privada con control estatal y exploración de nuevos campos, incluso en la Amazonía. Organizaciones indígenas y ecologistas advierten que la extracción en áreas protegidas, como los pozos Tomachi X1 y X2 en la cuenca del río Madre de Dios, pone en riesgo a comunidades como los tacanas y amenaza a miles de especies.

La fragilidad institucional
La tercera crisis es política e institucional. Después de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el nuevo presidente enfrenta un Parlamento sin mayoría y un sistema judicial desprestigiado. La Constitución boliviana obliga a que los jueces sean elegidos por voto popular a partir de listas elaboradas por el Congreso, un mecanismo que ha permitido que el oficialismo de turno cooptara los tribunales y utilizara la justicia para perseguir a opositores. En 2025 el país ocupó el puesto 131 de 143 en el índice del Estado de derecho del World Justice Project, uno de los más bajos del continente.

Paz prometió convocar una “Cumbre de la Justicia” para diseñar reformas y modernizar los tribunales. Sin embargo, las divisiones políticas complican cualquier cambio. Su partido, el demócrata cristiano, obtuvo menos de un tercio de los escaños y necesita el apoyo de partidos conservadores y centristas para aprobar leyes. Algunos legisladores del MAS podrían sumarse, pero otros podrían boicotear las iniciativas. La falta de confianza en las instituciones se refleja en las calles: tras la segunda vuelta electoral, miles de manifestantes marcharon en La Paz exigiendo una auditoría del escrutinio y denunciando fraude; aunque no hubo enfrentamientos graves, la protesta evidenció el clima de polarización.

La seguridad también preocupa. Bolivia es un corredor para el narcotráfico y alberga laboratorios clandestinos; la detención de un ex viceministro por poseer un laboratorio de cocaína subrayó la penetración del crimen organizado en el Estado. Paz anunció que restablecerá la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y reforzará la colaboración con países vecinos para combatir las redes criminales. Sin embargo, organismos de derechos humanos recuerdan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha provocado abusos en el pasado.

¿Qué puede hacer Rodrigo Paz?
En su discurso inaugural, el presidente afirmó que Bolivia se “abrirá al mundo” y dejó atrás el aislamiento de los gobiernos anteriores. Prometió un “capitalismo para todos” que combine disciplina fiscal con programas sociales y descentralización. Para ello tendrá que equilibrar exigencias contradictorias: acabar con los subsidios que desangran al Estado sin provocar un estallido social; liberalizar el tipo de cambio sin disparar la inflación; y atraer inversión extranjera sin ceder la soberanía sobre recursos estratégicos.

Una de sus primeras medidas será reducir los subsidios al diésel para la agricultura y las empresas, mientras que las subvenciones a la gasolina para el transporte público se desmantelarán de manera gradual. También planea flexibilizar el tipo de cambio para acercarlo a la cotización del mercado paralelo. El Fondo Monetario Internacional recomienda un programa de consolidación fiscal que incluya la eliminación de la financiación monetaria del déficit, la reducción del gasto en salarios públicos y la racionalización del presupuesto. La tarea es ardua: la proyección del FMI para 2025 anticipa un crecimiento de apenas 0,6 % y una inflación de 20,8 %.

Paz también pretende revisar los contratos de explotación de litio firmados con empresas chinas y rusas durante el gobierno anterior. Bolivia posee unos 21 millones de toneladas de litio, lo que podría convertirla en un actor clave de la transición energética. El nuevo gobierno quiere promulgar una ley que refuerce la supervisión ambiental y aumente la participación de las comunidades locales. Además, el presidente busca estrechar relaciones con Estados Unidos y otros países de la región para atraer inversión y diversificar mercados.

En materia de justicia, su iniciativa estrella será convocar una cumbre para reestructurar la elección de jueces y garantizar su independencia. También planea fortalecer los organismos de control y transparencia para combatir la corrupción y reconstruir la confianza ciudadana. La meta a largo plazo es transformar a Bolivia en un ejemplo de estabilidad centrista en la región.

Conclusión
Bolivia está al borde de la quiebra. El agotamiento de las reservas, la inflación galopante y el colapso de la industria de hidrocarburos han puesto al país al límite. La herencia de políticas estatistas y subsidios indiscriminados ha dejado a Rodrigo Paz un panorama desolador: una economía sin liquidez, una empresa petrolera casi quebrada y un Estado debilitado por la corrupción y la desconfianza. Para superar las tres crisis —económica, energética e institucional— se requiere un liderazgo capaz de tomar decisiones impopulares, dialogar con una oposición fragmentada y restaurar la credibilidad de las instituciones. Las próximas semanas y meses serán decisivas para saber si el nuevo gobierno puede evitar el colapso y encaminar a Bolivia hacia una recuperación sostenible.

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Ultimátum de Trump y crédito

La inesperada advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a Irán —darle 48 horas para reabrir completamente el estrecho de Hormuz o enfrentarse a la destrucción de sus plantas de energía— ha dejado al mundo en vilo. El estrecho de Hormuz es un paso marítimo estrecho entre Irán y Omán por donde circula en torno al 20 % del petróleo y gas natural licuado que consume el planeta. Durante la actual guerra entre Washington y Teherán, esta vía se ha cerrado prácticamente, con más del 90 % del crudo y derivados retenidos en la región del Golfo. La amenaza de Trump de “aniquilar” las centrales eléctricas iraníes si no se restablece el tráfico en 48 horas llevó la tensión a un nivel sin precedentes.En la Casa Blanca, la explicación oficial es que Washington pretende restaurar la libertad de navegación y contener una escalada que ya ha provocado cientos de víctimas en varios países de Oriente Próximo. Sin embargo, observadores internacionales señalan que un ataque a infraestructuras energéticas civiles podría constituir un crimen de guerra y que la retórica belicista no deja espacio para la diplomacia. Aliados regionales, como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, respaldan la dureza de Trump mientras evitan confirmar si se unirán a la eventual operación.El estrecho de Hormuz: arteria vital bajo amenazaEl estrecho de Hormuz ha sido históricamente un punto de estrangulamiento. Nunca antes había sido bloqueado por completo, y su cierre actual amenaza con provocar la mayor conmoción energética desde la década de 1970. Buques cisterna que habitualmente transportan un quinto del petróleo mundial hacia el Océano Índico están atrapados, lo que reduce la oferta global y empuja el precio del barril. Expertos en energía señalan que el peligro no reside únicamente en el encarecimiento del crudo, sino en su efecto sobre la inflación y las tasas de interés.La amenaza de destruir centrales eléctricas iraníes si Teherán no obedece refleja la estrategia de “paz mediante la fuerza” que promueve Trump. La reacción de Teherán ha sido desafiante: la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado objetivos en Oriente Medio e incluso en la base conjunta de Diego García en el Océano Índico, demostrando su alcance de misiles. Para Irán, bloquear el estrecho es una carta de negociación; cuanto más dure el shock energético, mayor será la presión global para un acuerdo.El pánico que se propagó al crédito privadoLa crisis geopolítica no solo repercute en los mercados de petróleo. Uno de los sectores más afectados es el del crédito privado, también llamado “banca en la sombra”. Este mercado de 2 billones de dólares se basa en fondos que prestan directamente a empresas fuera de los circuitos bancarios tradicionales y que, en teoría, ofrecen rendimientos estables con cierta liquidez. En realidad, se trata de activos ilíquidos con vencimientos de tres a siete años, y una ola de rescates masivos puede obligar a vender préstamos a precios de saldo o a bloquear las salidas.A principios de marzo, gigantes como BlackRock y Blackstone anunciaron que sus fondos estrella, HLEND y BCRED, activarían “gates” o restricciones a los reembolsos, después de recibir solicitudes por valor de 1 200 millones y 3 700 millones de dólares, respectivamente. Morgan Stanley limitó los rescates en su North Haven Private Income Fund tras peticiones que equivalían a casi el 11 % de las participaciones. Estas medidas dejan a muchos inversores sin poder recuperar sus fondos, pese a haber creído que tenían liquidez diaria.La situación estaba incubándose desde hace meses, pero el conflicto en Oriente Próximo fue el catalizador que desató el pánico. La subida del crudo por encima de 90 dólares y los temores a un repunte de la inflación asustaron a inversores que ya veían señales de desaceleración económica. Datos de la Reserva Federal de Atlanta mostraron en marzo una fuerte revisión a la baja del crecimiento esperado, y el Departamento de Trabajo notificó una contracción de 92 000 empleos en febrero. Ante estos titulares y la perspectiva de una recesión, los inversores minoristas corrieron a vender sus participaciones en fondos de crédito privado.El resultado ha sido un derrumbe de los bonos emitidos por fondos semilíquidos, que han caído a mínimos de un año. Hedge funds como Fourier Asset Management señalan que los mercados de bonos ya estaban advirtiendo de este riesgo: el diferencial de los bonos de cinco grandes fondos se ensanchó antes del aumento de los rescates y alcanzó niveles no vistos desde 2025. El mercado de crédito privado se enfrenta así a su mayor prueba de liquidez desde su nacimiento.Las grandes entidades financieras también están reaccionando. JPMorgan ha marcado a la baja el valor de ciertos préstamos a fondos de crédito privado y ha endurecido sus condiciones de financiación. BlackRock informó que su fondo HLEND recibió solicitudes de retirada por un valor equivalente al 9,3 % de su activo neto y que solo podría devolver 620 millones de dólares, el máximo permitido del 5 % por trimestre. Apollo Global, Ares Management y Blue Owl han tomado medidas similares para limitar rescates.Un “cisne negro” en la banca en la sombraAnalistas de riesgo califican estos acontecimientos como un clásico “cisne negro” en el sector financiero. Un artículo especializado advierte que las congelaciones de reembolsos no son un detalle técnico, sino el estallido de una burbuja alimentada por la ilusión de que se podía “democratizar” el private equity. Durante años, bancos y gestoras vendieron estos productos a inversores minoristas prometiendo rentabilidades de capital privado con la liquidez de un bono. La contradicción era evidente: cuando miles de pequeños inversores intentan salir a la vez, la única solución es cerrar la puerta.El mismo análisis subraya que el conflicto en Irán no creó el problema, pero reveló la fragilidad estructural del mercado. Las ondas de choque geopolíticas reducen de golpe la liquidez, de manera similar a lo que ocurrió durante la pandemia de 2020. La combinación de una desaceleración económica y una caída de valoraciones —denominada por algunos analistas como el “doble disparo de Davis”— impacta directamente en la capacidad de los fondos para cumplir con sus obligaciones.La crisis también expone fallos regulatorios. Las autoridades permitieron que estos productos proliferaran sin exigir a los distribuidores que explicaran claramente sus riesgos. Ahora, con el pánico desatado, los gestores instan a los inversores a mantener la calma. Algunos bancos privados recomiendan mirar más allá de los titulares, diversificar las carteras y mantener un horizonte de inversión de seis meses o más, recordando que las guerras en el Golfo no suelen ser eternas.Voces de la calle: miedo, apoyo y escepticismoMás allá de los datos financieros, la conversación pública revela una sociedad polarizada. En las redes sociales y en los comentarios sobre el vídeo de análisis que popularizó el ultimátum de Trump, abundan tres tipos de reacciones. Por un lado, simpatizantes del exmandatario celebran su dureza y sostienen que solo una postura implacable hará retroceder a Teherán. En muchos mensajes se repite la idea de que abrir el estrecho es imprescindible para evitar una crisis petrolera y que cualquier precio es aceptable con tal de salvaguardar los intereses energéticos de Occidente.En el extremo opuesto están quienes denuncian que la retórica belicista de Trump conduce a una guerra total con consecuencias incalculables. Estos usuarios recuerdan que el estrecho de Hormuz nunca se cerró completamente antes y piden redoblar los esfuerzos diplomáticos. Algunos mencionan las penurias de la población civil iraní y libanesa y alertan de que un ataque a infraestructura civil podría suponer un crimen de guerra.Un tercer grupo de comentaristas se centra en las consecuencias económicas. Señalan que el bloqueo del estrecho ya ha disparado el precio del petróleo y la inflación, y que la tensión ha revelado debilidades profundas en el sistema financiero. Critican a las gestoras de crédito privado por no haber advertido a los inversores sobre la iliquidez de sus productos y culpan tanto a los reguladores como a la industria por fomentar una burbuja que ahora empieza a explotar. Estos mensajes reflejan una preocupación creciente por el impacto que un prolongado conflicto en Oriente Próximo podría tener sobre la estabilidad financiera y la economía de a pie.Mirando hacia adelanteLa crisis abierta por el ultimátum de Trump a Irán tiene varias dimensiones. En el plano geopolítico, la apertura o cierre del estrecho de Hormuz será decisiva para el suministro energético global. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel parecen decididos a forzar a Teherán a renunciar al bloqueo, mientras que muchos países —incluidas potencias europeas y asiáticas— reclaman una solución negociada.En el plano financiero, la sacudida al mercado de crédito privado podría tener efectos duraderos. Los gestores hablan de un nuevo comienzo en el que se replantee la “democratización” del private equity y se refuercen las normas de transparencia y protección al inversor. Para los mercados, el desafío es evitar que el pánico se propague a otros segmentos de la economía mientras la guerra sube de tono.La historia demuestra que las crisis militares y energéticas suelen ser temporales, pero también recuerda que pueden servir de detonante para problemas latentes. El ultimátum de Trump a Irán no solo puso a prueba la resistencia de un país bajo sanciones; también expuso la fragilidad de un entramado financiero que había prometido liquidez donde no la había. El mundo entero observa ahora si el estrecho de Hormuz se reabre sin un conflicto mayor y si el sector del crédito privado es capaz de sobrevivir a su propia crisis de confianza.