Líderes empresariales critican exclusión de impuestos en informe de la Comisión de Productividad
Líderes empresariales critican exclusión de impuestos en informe de la Comisión de Productividad
Un informe interino de la Comisión de Productividad ha generado una fuerte reacción negativa entre los líderes empresariales australianos al excluir las políticas fiscales y las relaciones laborales de su análisis. Los críticos argumentan que esta omisión impide abordar las barreras fundamentales para el crecimiento económico, mientras el gobierno mantiene su estrategia centrada en la complejidad regulatoria.
Un informe interino publicado por la Comisión de Productividad de Australia ha provocado una reacción crítica entre los principales grupos empresariales del país, quienes califican de fundamentalmente defectuoso el alcance de la investigación. La comisión, bajo la dirección directa del Tesorero Jim Chalmers, se ha abstenido deliberadamente de examinar las configuraciones fiscales y las leyes de relaciones laborales, enfocándose en su lugar en la complejidad regulatoria, los marcos de insolvencia y las barreras para el capital de riesgo dirigido a startups.
Andrew McKellar, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Australia (ACCI), comparó estas limitaciones con un diagnóstico médico que ignora órganos vitales. "Evaluar la dinámica empresarial sin mirar los impuestos y las relaciones laborales es como bloquear a un médico para que no revise el corazón o los pulmones. Puedes aliviar los síntomas, pero pierdes de vista lo que está matando al paciente", afirmó McKellar. Aunque reconoció que los temas bajo revisión eran válidos, sostuvo que los términos estrechos de referencia impedían un análisis integral.
Bran Black, director ejecutivo del Consejo Empresarial de Australia (BCA), coincidió en su evaluación, describiendo a los impuestos y las relaciones industriales como "el elefante en la habitación". Argumentó que intentar resolver la crisis de productividad de Australia evitando estas barreras significativas para la inversión sería inútil. Estos comentarios reflejan un punto bajo en las relaciones entre los líderes empresariales y el gobierno de Anthony Albanese, el cual enfrenta una intensa oposición por sus propuestas de reformas fiscales a los fideicomisos (trusts) y cambios en el impuesto a las ganancias de capital (CGT).
La controversia se origina en el plan del gobierno para introducir un impuesto mínimo del 30 por ciento sobre los fideicomisos discrecionales. Las audiencias sobre esta medida concluyen a finales de noviembre, con la expectativa de que la legislación sea aprobada durante la última sesión parlamentaria del año, junto con una excepción para startups bajo el nuevo régimen de CGT. Los grupos empresariales ACCI y COSBOA sostienen que los fideicomisos proporcionan flexibilidad esencial para la gestión patrimonial y la reducción fiscal para pequeñas empresas, considerándolos herramientas vitales en lugar de objetivos tributarios.
Aunque existen exenciones que permiten a los fideicomisos evitar la tasa del 30 por ciento al renunciar a cierta discreción sobre la distribución de fondos, los organismos contables han criticado estas disposiciones por ser demasiado estrechas. Representantes de Chartered Accountants Australia y Nueva Zelanda comparecieron en las audiencias instando a una mayor flexibilidad en el acceso a estas excepciones, especialmente en casos de rupturas familiares.
La solución propuesta por el gobierno para las startups permite que aquellas clasificadas como "inversores en startups innovadoras" mantengan el descuento existente del 50 por ciento sobre CGT en lugar de adoptar un nuevo descuento indexado a la inflación. Esta medida se introdujo tras expresar los fundadores su preocupación de que indexar un activo con valor inicial cercano a cero eliminaría efectivamente cualquier beneficio fiscal al momento de la venta.
Sin embargo, Allegra Spender, una destacada defensora de la reforma de CGT y crítica del enfoque de indexación, advirtió que la excepción es excesivamente complicada y de aplicación estrecha. Argumentó que las empresas tecnológicas dinámicas operando en la vanguardia de la productividad podrían quedar fuera de los criterios gubernamentales, perdiendo el apoyo precisamente donde más se necesita. "No queremos que las empresas innovadoras tengan que pensar si encajan en la definición del gobierno", dijo Spender, proponiendo en su lugar un descuento plano del 40 por ciento para todos los activos activos.
El Tesoro ha defendido su posición citando análisis que sugieren que los descuentos indexados no son siempre más severos que una reducción plana del 50 por ciento. La secretaria del Tesoro, Jenny Wilkinson, también hizo referencia a hallazgos de la OCDE indicando que las tasas de impuesto a las ganancias de capital no influyen significativamente en el nivel general de innovación de un país. Además, muchos fundadores aún pueden acceder a la concesión adicional del 50 por ciento disponible para pequeñas empresas al momento de la venta.
A pesar de la fricción política alrededor de la política fiscal, el informe interino de la Comisión de Productividad identificó evidencia tangible de que las empresas australianas se están volviendo menos dinámicas en comparación con décadas anteriores. Este declive se mide a través de tasas reducidas de entrada y salida de empresas, así como una disminución en la movilidad laboral. La comisión señaló que, aunque el gobierno no puede crear emprendedores directamente, los ajustes de política juegan un papel crucial para habilitar la renovación económica.
En sus recomendaciones, el informe se centró en mejoras estructurales más que fiscales. Propuso un sistema de "díganos una vez" para agilizar el intercambio de información entre empresas y reguladores, con el objetivo de reducir las cargas administrativas. Además, recomendó la designación de un liquidador oficial como último recurso para compañías incapaces de financiar sus propios procesos de insolvencia.
Mientras continúan las audiencias con aportes de organismos sindicales como la ACTU, el grupo de defensa del bienestar ACOSS y expertos académicos incluyendo a Sonali Walpola, Kathryn James y Dale Boccabella, el debate sobre cómo estimular mejor la dinámica empresarial permanece polarizado. El resultado de estas consultas influirá probablemente en las direcciones futuras de la política, ya que los Verdes, cuyos votos en el Senado son decisivos, sopesan su posición. Con ambos lados políticos principales y líderes industriales manteniendo posturas firmes sobre la equidad fiscal versus la estimulación económica, el camino adelante para la regulación empresarial australiana permanece complejo y controvertido.
K.Al-Zaabi--DT
